Desde el principio

Foto: Juan Milans

SURda

Uruguay

Notas

Samuel Blixen

Las tensiones que trajo el CUDIM.

 

La historia del vínculo entre Engler y el CUDIM está salpicada de rispideces, motivadas principalmente por el negocio que la tecnología PET, que el médico instaló en Uruguay, podría significar en manos de privados.

Si el factor empresarial privado es hoy determinante y condicionante en la medicina uruguaya, entonces el proceso de incorporación de la técnica de tomografías por emisión de positrones (PET, por su sigla en inglés) es un capítulo casi paradigmático de la contradicción entre la misión de curar y el deseo de ganar. Esa contradicción condiciona el comienzo del proceso de instalación de lo que se convirtió en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) y sigue hoy, cuando su impulsor, el profesor Henry Engler, fue desplazado de la investigación y despedido de la institución en términos incomprensibles y por cierto inaceptables.

En su momento se sabrá qué elementos (disputas por el poder, presiones, mezquindades, reacciones desmedidas) operaron en el triste desenlace. Y en que medida lo hizo el afán de lucro de algunas empresas médicas que pretenden comercializar la tomografía por positrones.

Los PET son hoy una herramienta indispensable para el diagnóstico de enfermedades severas; se obtienen gracias a una tecnología sofisticada y están al alcance de toda la población, que puede acceder al estudio en forma gratuita por medio del Fondo Nacional de Recursos (FNR). El CUDIM (una empresa pública de derecho privado) es hoy la única institución habilitada para realizar los PET; atiende toda la demanda y tiene capacidad excedente. Esto se relaciona con un criterio de eficiencia que se pretende imponer en el sistema de salud: la inconveniencia de destinar recursos a multiplicar servicios ya existentes.

La iniciativa de Engler, un tupamaro que permaneció como rehén de los militares durante la dictadura, que después retomó sus estudios en Suecia, se doctoró y finalmente se especializó en imagenología molecular en la Universidad de Uppsala, permitió en 2006 iniciar el proceso de instalación de la técnica en Uruguay. Engler armó laboriosamente todo el entramado: negociaciones para la colaboración con los centros médicos de Uppsala con las transnacionales que producen el equipamiento, particularmente el ciclotrón, y para la fabricación de los trazadores radiactivos que detectan las anormalidades de enfermedades como cánceres y otras de tipo neurológico. Engler no inventó los PET ni las técnicas de análisis, pero ningún otro abordó la titánica tarea de implantar esa técnica en Uruguay.

Desde el comienzo mismo, el proyecto de Engler enfrentó oposiciones varias. Una de ellas, no menor, estaba vinculada a la importación de las máquinas específicas producidas por la empresa General Electric. La intervención y opinión de la embajada de Estados Unidos llegó a ser casi decisiva: Estados Unidos no veía con buenos ojos que al frente de ese proyecto estuviera un subversivo que había sido dirigente del Movimiento de Liberación Nacional. Las dudas en el Consejo de Ministros del primer gabinete de Tabaré Vázquez demoraron las decisiones, pero finalmente el presidente dio luz verde, inclinándose por el carácter estatal de la prestación, la financiación de los servicios por el FNR y la inversión correspondiente. El ministro de Economía, Danilo Astori, ofreció resistencias al proyecto, no se sabe si por razones financieras o por razones ideológicas.

Pero ese no fue el obstáculo mayor. En una porción importante, o por lo menos muy representativa, de los llamados “empresarios médicos” vinculados con la medicina nuclear, se desató la codicia, que se vistió con diferentes ropajes. La oposición al proyecto de Engler en la comunidad médica fue tan fuerte e insistente que aún hoy hay médicos reacios a indicar la realización de un PET. El CUDIM no puede, por sí, hacer las tomografías sin el pedido previo de un médico, como lo establecen las normas legales y el FNR, que lo financia.

EL NEGOCIO QUE (POR AHORA) NO ES. Un PET que se propone un escaneo general de un cuerpo, para detectar o prevenir enfermedades presentes o futuras, fue concebido como un formidable negocio, si ese examen se realizaba en clínicas privadas y, por supuesto, a pacientes privilegiados, con recursos. El esquema que se popularizó fue: Venga a veranear a Punta del Este y mientras descansa, hágase el examen que le dirá qué enfermedad deberá enfrentar dentro de cinco o diez años. Verdad o ficción, el esquema resultó funcional a los intereses de los empresarios.

Desde que el proyecto aterrizó en Uruguay, se presentaron en el Ministerio de Salud Pública pedidos de autorización para la instalación de la nueva tecnología en empresas médicas privadas. Uno de esos pedidos fue atribuido al empresario médico Álvaro Vázquez, hijo del presidente, a nombre de un consorcio: el pedido aún no ha sido autorizado.

Tales proyectos se han multiplicado desde entonces, y si bien es cierto que se ha modificado la ecuación financiera, los montos de inversión requeridos revelan los beneficios que se pueden obtener: se estima que un estudio PET básico podrí rondar los 2 mil dólares en el ámbito privado (si es que funciona el criterio de libre oferta y demanda, como corresponde).

El debate se centra en el cuestionamiento a la decisión del Estado de impedir que esta modalidad de medicina nuclear se rija por el criterio del libre mercado. Pero el acento ahora se desplazó a otro aspecto de la tomografía por positrones. Los PET requieren de trazadores radiactivos, que se inyectan en el paciente. Tales sustancias son de efímera vida útil. Sin el acceso a dichos trazadores, la inversión en la tecnología es irrelevante. El CUDIM es hoy el único productor en Uruguay de los trazadores. Por eso el reclamo ante la justicia de lo Contencioso Administrativo, de una empresa de medicina nuclear, es que el CUDIM asegure a la competencia el acceso a esa sustancia.

El lunes 9 la Comisión de Ciencia de Diputados citó a los miembros del directorio de CUDIM para obtener detalles de las razones que provocaron el despido del profesor Henry Engler, quien, después de renunciar a su cargo de director, se había centrado en los trabajos de investigación, que ahora fueron abortados.

Sean o no los intereses médicos particulares una de las causas que provocaron la crisis, parece evidente que esa crisis favorece las intenciones, hasta ahora contenidas, de los empresarios de la medicina nuclear.

Fuente: https://brecha.com.uy/desde-el-principio/